Nueva normativa de corrupción privada en Uruguay puede ser “muy linda en papeles”, pero imposible de cumplir
De ser aprobado un proyecto de ley de corrupción privada, se estaría agregando “un sector más amplio” para el control de la Jutep, siendo “imposible” de cumplir, dijo su presidenta Gabriela Di Longo.
El gobierno en Uruguay trabaja su Estrategia Nacional Antilavado de activos, al tiempo que a nivel legislativo se estudia la actualización de su normativa sobre el financiamiento de los partidos políticos y se buscan nuevas herramientas para combatir la corrupción pública y privada.
Sin embargo, según la presidenta de la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep), Gabriela Di Longo si no se le proveen recursos, la nueva normativa solo quedaría en “lindos papeles”.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebrará este sábado 9 de diciembre, el estudio Ferrere Abogados organizó el evento “Semana Anticorrupción: una mirada público privada”, que culminó ayer.
Entre los expositores, autoridades trataron la vinculación entre el lavado de activos y la corrupción, la actualidad del sistema local en materia de prevención y combate a este delito, entre otros.
En uno de los paneles, se hizo foco en la corrupción privada y el rol del sector privado en la promoción de la integridad. Si bien Uruguay ratificó las convenciones anticorrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aún no tiene tipificado como delito la corrupción privada. Solo tiene regulada la corrupción pública.
No obstante, la Jutep trabaja en un proyecto normativo para penar la corrupción privada.
El mismo, según explicó en el panel Di Longo, podría entrar en vigencia en 2025, ya que en 2024 se realizarán las elecciones nacionales, dificultando que este avance.
Por su parte, el especialista senior anticorrupción de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Sebastián Pérez Mora, destacó que para combatir la corrupción se necesita de un involucramiento del sector privado, ya que este es un flagelo contra el que se debe luchar de forma coordinada.
Pérez Mora diferenció la corrupción privada de aquella del sector privado, ya que esta última no solo atañe a las empresas sino que también puede estar vinculada a organismos o entidades públicas.
Crisis funcional
Al ser consultada sobre las regulación en proceso y las expectativas que se tiene de esta, la presidenta de la Jutep dijo que la expectativa es “muy alta” y que se ha trabajado junto a la Unodc desde fines del año pasado.
Sin embargo, enfatizó en que la Jutep requiere de más recursos humanos y económicos, ya que hoy está enfrentando una “crisis funcional” debido a que no puede cumplir con sus cometidos por falta de funcionarios.
Di Longo explicó que la Jutep actualmente cuenta solamente con cinco funcionarios que están destinados a los cometidos del organismo, establecidos por la ley Cristal.
Además, señaló que, con la actualización de la ley en 2020, se publican más de 800 declaraciones juradas, duplicando o triplicando su trabajo, pero que no se tomó en cuenta que el organismo “estuviese más capacitado” ni que contara con más recursos.
Agregó que debido a la falta de recursos humanos, la Jutep no tiene la posibilidad de estudiar cómo debería las declaraciones que se presentan.
La normativa establece que el organismo debe controlar las declaraciones que son publicadas y un 5% aleatorio de las que no son publicadas.
Por esto, Di Longo sostuvo que de ser aprobada una ley de corrupción privada, se estaría agregando “un sector más amplio” para el control de la Jutep, siendo “imposible” de cumplir si se mantiene la cantidad de funcionarios con los que cuentan actualmente.
“Las leyes son muy bonitas, pero si en la práctica no se pueden cumplir, son muy lindos papeles”, cuestionó Di Longo.
Otro de los puntos que se tocó en el panel fue la integridad en el conocimiento de los beneficiarios finales de las empresas, lo que refiere a saber quién realmente está detrás del negocio.
Actualmente, Uruguay cuenta con un registro de beneficiarios finales de determinados tipos de sociedades, pero no toda la información está disponible para los sujetos obligados.
Esto fue recomendado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su última guía de transparencia y beneficiarios finales, según explicó la moderadora y líder del equipo de Compliance Regional de Ferrere, Carla Arellano.
En tanto, Di Longo señaló que desde la Jutep están trabajando en la elaboración de una norma que permita una “conexión más rápida” y que permita que “los datos puedan traspasar las oficinas, para combatir las corrupción”.
Esta colaboración sería entre su organismo, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), la Fiscalía General de la Nación y el Banco Central.
“Es una meta para el año que viene”, dijo la presidenta de la Jutep.
Asimismo, sostuvo que, cuando hay un caso de corrupción en Uruguay, el país cuenta con medios para castigar, “pero hay un gran debe en la prevención” de estos casos.
Pérez Mora explicó que para la ONU este ha sido “un tema central para la transparencia”, por lo que han trabajado junto a países de la región.
En este sentido, señaló que manejan “cuatro perspectivas” respecto a la transparencia en beneficiarios finales: la disponibilidad de la información -que haya un registro donde se consignen los datos-, el acceso a esa información -quiénes, cómo, de qué forma y qué perfiles pueden acceder-, la calidad de la información -cómo se cruzan los datos- y el uso de la misma, ya que pueden existir los anteriores puntos, pero que no se les dé uso a esos datos.
Por otra parte, además de la corrupción privada como debe a regular en Uruguay, la presidenta de la Jutep señaló que también se carece de normativa sobre el enriquecimiento ilícito.
Además
“Ser los mejores de la clase no quiere decir que estemos vacunados”
La corrupción es uno de los delitos precedentes del lavado de activos -es decir que origina activos ilegales que luego deben ser blanqueados- por lo que uno de los paneles del evento se refirió a la vinculación que hay entre estos delitos y algunos debes que aún tiene Uruguay en la materia.
En uno de los paneles del que participaron el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, y el gerente de Fiscalización y Control de ese organismo, Gustavo Misa, y el consultor internacional encargado de la Estrategia Nacional Antilavado, Alejandro Montesdeoca, se destacó la posición que tiene Uruguay a nivel mundial en cuanto a menor corrupción.
El país es el 14° del mundo (entre 180 países analizados) con menor percepción de corrupción, según el indicador que elabora Transparencia Internacional.
Al respecto, los expositores estuvieron de acuerdo en el “orgullo” que suponía esta posición y en cómo se ha mantenido el país en un lugar de privilegio a lo largo del tiempo. En esta línea, Misa sostuvo que el camino que Uruguay está siguiendo es el “correcto”.
Chediak señaló que además coincidía con los lugares de los “países hermanos” de la región. “Uruguay es excepcional. No somos iguales a los países de la región”, afirmó.
Sin embargo, sostuvo que “ser los mejores de la clase no quiere decir que estemos vacunados ni absolutamente exentos de fenómenos de corrupción”.
En este sentido, Chediak dijo que “no somos una isla”, sino que Uruguay cuenta con fronteras porosas.
En la región, el delito precedente del lavado de activos más común está vinculado al narcotráfico, según explicó el titular de la Senaclaft. En tanto, el que le sigue es la corrupción, exceptuando en Uruguay que es el contrabando.
La corrupción presenta algunas “peculiaridades”, una de ellas es que esta es una de las “herramientas más eficientes para lavar activos”, según Misa, ya que “permite integrar dinero sin ningún control”.
Otra de ellas, según Montesdeoca, es que puede verse con un doble rol en materia de riesgos, ya que se presenta tanto como una amenaza externa al país -que busca lavar en Uruguay activos originados en el exterior-, y como una vulnerabilidad -en donde los funcionarios públicos permiten que estos activos permeen en el país-.
Si bien se entiende a la corrupción como una amenaza importante, particularmente aquella que ocurre en los países de la región, actualmente Uruguay busca mejorar su transparencia interna a través del cambio normativo en el financiamiento de los partidos políticos.
Las autoridades de la Senaclaft fueron consultadas sobre si el organismo debería participar junto a la Corte Electoral en el control de la normativa. Chediak explicó que “no sería institucionalmente conveniente” porque la secretaría depende de la Presidencia de la República.
En tanto, Misa dijo que al momento de fiscalizar a los partidos en su calidad de sujetos obligados en contar con medidas de prevención de lavado, se encontraron con un “cumplimiento normativo a medias”.
Los partidos políticos deberían cumplir con ciertas medidas antilavado al momento de recibir donaciones (algo que se da más en la campaña electoral). Pero, la Senaclaft se encontró con “más incumplimientos formales, que tienen que ver con la dinámica en cómo el partido recauda ese aporte”, dijo Misa.
En este sentido. explicó que, en las campañas políticas, el dinero ingresa a las agrupaciones, que no suelen contar con personería jurídica, por lo que al terminar la campaña no existe un control del colectivo, ya que este “desaparece”.
Por esto, sostuvo que el dinero debería ingresar directamente al partido, que sí debe hacer los controles de debida diligencia, porque en esas donaciones es donde puede haber capitales de origen ilícito.
En la normativa votada esta semana en la Cámara de Representantes, no está integrada esta recomendación.
