Lavado de activos en Uruguay: una mirada “autocomplaciente” y el problema que genera
Autoridades y expertos en prevención de lavado de activos ven distinto el riesgo que se tiene frente a este delito.
Los especialistas en prevención de lavado de activos continuamente denuncian la baja percepción de riesgo que hay en Uruguay frente a este delito. Sin embargo, tanto en el sector privado como a nivel estatal, la “mirada autocomplaciente” que levanta alertas entre especialistas estuvo en un evento en el que participaron asesores antilavado y autoridades públicas.
En el Compliance Day, organizado por Brum Costa Abogados, se llevaron a cabo diferentes paneles relacionados a la persecución y combate del lavado de activos, como el análisis de casos de este delito. Si bien no hubo intercambio directo de opiniones entre los conferencistas, las exposiciones marcaron las diferentes visiones entre los expertos y el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez.
Uno de los puntos más repetidos a lo largo de la jornada fue la baja percepción de riesgo de lavado en Uruguay. En un análisis de las principales investigaciones penales en lavado, el expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y exsecretario Antilavado, Ricardo Gil Iribarne, señaló que los primeros casos sirvieron para demostrar que en Uruguay se lavaba dinero, cuando en ese momento se pensaba que no sucedía.
Si en la primera década de este siglo había que demostrar que se cometía este delito a nivel local, Gil Iribarne hizo un “paralelismo” con la situación actual, ya que ahora también se tiene que demostrar que se lavan activos en Uruguay.
En esta línea, sostuvo que hay una “visión autocomplaciente” que define esta baja percepción de riesgo y que se refleja, por ejemplo, en la falta de casos de lavado de activos que tuviesen como delito determinante el contrabando, cuando, según la Evaluación Nacional de Riesgos, entre 2019 y 2022 se incautaron más de US$ 70 millones por este delito.
En el mismo panel, el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, señaló que se está “abandonando” el “camino” trazado de investigar el caso del delito precedente junto al de lavado de activos, lo que impacta en la persecución de este delito.
No obstante, dijo que, a diferencia de las investigaciones de los primeros casos de lavado, actualmente las “herramientas jurídicas están todas”, pero a la “luz” de ellas los resultados no son los “adecuados”.
También apuntó que la “responsabilidad” de colocar este tema como uno “central” es “política”, porque si se “cree” que “con una fiscalía, tres fiscales y un contador” se puede combatir al lavado, se “está equivocado”.
Según Díaz hay “problemas” debido al recambio de personal policial que investigaba casos de lavado y el cambio en la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que antes era presidida por el Prosecretario de Presidencia -lo que le daba jerarquía- mientras que ahora es un rol a designar: una “baja” de “estatus”.
En esta misma línea, Gil Iribarne sostuvo que la tranquilidad frente a este delito se debe a la “duda” de si se lava en Uruguay y que no es un “campeonato de fútbol” para comparar si se está arriba de otro equipo en la tabla.
Previo al panel de Gil Iribarne y Díaz, el fiscal Rodríguez había señalado que no se puede “decir que en Uruguay no se lava”, ya que es un “fenómeno mundial” y que “no se debe bajar los brazos” para su combate. Sin embargo, destacó que, cuando ha tenido oportunidad de hablar sobre la situación local en algún foro internacional, ha defendido que “no hacemos tan mal las cosas en Uruguay”.
“Ni somos los mejores ni los peores”, afirmó.
Rodríguez puso como ejemplo negativo a Chile en comparación con Uruguay para reafirmar la situación del sistema antilavado local, cuando en materia de efectividad cuenta con la misma calificación -moderado- ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
En tanto, definió puntos que se deberían mejorar a nivel local, como el sistema de inteligencia, particularmente entre los organismos estatales. Recordó los casos de inmigrantes rusos que solicitaron residencia en Uruguay y constituyeron empresas, de las cuales algunas “no tuvieron funcionamiento”, como también los casos de inmigrantes colombianos que ofrecen préstamos ilegales.
“No conozco pizzerías de rusos”, afirmó y cuestionó: “¿Quién les da seguimiento?”.
Dentro de las falencias que experimenta su fiscalía, destacó que no cuenta con un equipo contable. En su creación se designó que tuviese un contador, pero aún no se cubrió el puesto.
