2021 fue el año con más muertes en cárceles en la historia de Uruguay

El año 2021 fue en el que se registró el mayor número de muertes violentas, 45, en cárceles, según el informe preliminar del Comisionado Parlamentario Penitenciario, que se presentó este jueves. De las 45, «21 fueron homicidios, 18 suicidios y 6 accidentales o de causas violentas no aclaradas», indica el texto.

Respecto a las muertes en cárceles en general, también se señala que el año pasado hubo 86 fallecimientos bajo custodia, otro dato histórico, ya que el año con mayor muertes había sido el 2010 y la cifra era 53.

Los fallecimientos por causas naturales fueron 41, y se aclara que en 9 casos no hubo información suficiente para determinar causas. En 2010, el otro año con más muertes, la cifra de causas naturales era 13. El año que anteriormente había registrado más muertes de este origen era 2013, con 29 fallecimientos.

Entre las causas, tanto para las muertes violentas como para las naturales, desde el comisionado señalan la negligencia, el hacinamiento, fallas asistenciales,

«La violencia sigue estando presente fuertemente en muchas cárceles en especial en el área metropolitana. Muchas muertes además ocurren por procesos que revelan negligencias y vacíos de gestión preocupantes, que revelan en la muerte de un interno su extremo más terrible, pero que dan la pauta de otros cotidianos deterioros y ausencias», se lee. Y añaden que en 27 casos, casi un tercio del total de fallecimientos, se verificaron fallas ostensibles vinculadas, sin contar en ello las malas condiciones de reclusión en los casos que correspondiera».

Sostienen, además, que no se han aumentado las plazas disponibles de manera significativa, así como los recursos de rehabilitación, a lo que se suma el efecto de la pandemia y la falta de contacto extrema a la que llegaron muchos de los reclusos, que también vieron menguar las actividades educativas y recreativas, por ejemplo, a la vez que mayor tensión entre las personas. Además, los investigadores explican que una de las consecuencias del hacinamiento, el encierro y las fallas en la rehabilitación es el contagio delictivo, la generación de nuevas bandas, etc.

«El presupuesto penitenciario hace imposible el mandato constitucional de asegurar para reeducar 67 Los gastos de funcionamiento han venido bajando -salvo puntuales excepciones- sostenidamente, mientras la población a contracorriente aumenta sostenidamente», añaden.

Destacan también que las cárceles uruguayas están por debajo del nivel de rehabilitación y que «34% pasa su reclusión en condiciones de trato cruel, inhumano o degradante, donde el derecho al tratamiento no se cumple». Solo un 10% de las personas privadas de libertad tienen acceso a oportunidades de rehabilitación e integración.

Otro dato relevante tiene que ver con las mujeres presas. Una población que crece proporcionalmente en mayor medida (casi 28%) que la de los hombres (aproximadamente 9%). «En diciembre la población de varones incluso descendió levemente (como sucede generalmente en el último mes de cada año) pero no así la población de mujeres, que ha continuado creciendo hasta la actualidad, a mediados de abril del 2022, donde tenemos más de 1.020 mujeres privadas de libertad. Esto desborda la capacidad de de respuesta asistencial de las cárceles para mujeres», detallan.

Sobre las medidas, el estudio preliminar destaca como buena señal la «afirmación del Ministerio del Interior en 2021 en el sentido de reconocer que en Uruguay hay violación de los derechos humanos en las cárceles y que esas situaciones deben ser superadas con políticas vigorosas y consensuadas». Aunque considera que son poco el accionar desde la sociedad en general para mejorar las condiciones carcelarias. «Pese a las muestras de interés y solidaridad que durante la pandemia organizaciones de sociedad civil empresas y sindicatos mostraron por hacer aportes al sistema penitenciario (donaciones, intervenciones puntuales, actividades) siguen siendo pocas las organizaciones de sociedad civil –ONG, institutos educativos o de promoción social– que estén trabajando dentro de la cárcel, lo que limita las posibilidades de desarrollar acciones a los muy menguados recursos y programas estatales», indica el texto del órgano del Parlamento.