Gobierno define la primera etapa de la reforma del Estado en siete ministerios
La Asamblea General se apresta a analizar contra reloj un proyecto de ley que plantea la reestructura administrativa y de los puestos de trabajo en nueve ministerios y entidades públicas.
La Asamblea General del Poder Legislativo tendrá el desafío de analizar, contra reloj, un proyecto de ley que plantea la reestructura administrativay de los puestos de trabajo en nueve ministerios y entidades públicas. Con ello se dará el puntapié inicial a la tan mentada y postergada “reforma del Estado”, una propuesta resistida por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales (COFE).
Se trata de un informe de 502 páginas en el que se describe la misión, visión y objetivos estratégicos de cada repartición. El mayor desafío lo presenta el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tomando en cuenta la nueva estructura proyectada y su financiamiento. Según el plan al que accedió El País, allí habrá 2.703 cargos entre sus distintas unidades ejecutoras y se crearán 103 vacantes para presupuestar a trabajadores que realizan tareas propias de un funcionario bajo alguna modalidad de contrato. La nueva estructura costará US$ 79 millones, casi US$ 2 millones más que la actual. Además, se plantea la supresión de unas 1.300 vacantes, por un valor anual de poco más de US$ 9 millones.
El comienzo de la reforma abarcará también a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en la órbita de Presidencia de la República. Allí habrá una nueva estructura de 215 funcionarios, se crearán dos funciones de alta especialización y se presupuestarán 34 contratos. Entre salarios, aguinaldos y cargas legales costará unos US$ 9 millones al año. Y se eliminarán 85 vacantes, que suponen US$ 1,2 millones.
En la Oficina Nacional del Servicio Civil -impulsor de la reforma- la nueva estructura plantea 168 cargos y la presupuestación de 11 funcionarios. En este caso será a un costo total menor: US$ 6,5 millones, unos US$ 800 mil menos que la actual. Allí se suprimirán además 60 vacantes, por US$ 1,5 millones anuales. Como en los otros casos, el 4% se utilizará para crear cargos para personas con discapacidad.
En el Ministerio de Economía y Finanzas, otro de los incluidos en esta primera fase, la nueva estructura se compondrá de 404 cargos, la presupuestación de 21 y la creación de dos funciones de alta especialización. El costo anual proyectado será de US$ 15 millones, unos US$ 350 mil más que ahora. En el caso de la Contaduría General de la Nación, tendrá 446 cargos, dos funciones de alta especialización y seis presupuestaciones. Su costo estimado será de US$ 17 millones, cerca de US$ 1 millón más que la estructura actual. Se eliminarán 38 vacantes, por unos US$ 700 mil anuales.
Por su parte, la nueva estructura de la Tesorería General de la Nación proyecta 34 cargos a un costo anual de US$ 1,5 millones, similar al actual. En esa oficina 12 vacantes serán eliminadas, lo que supondrá US$ 250 mil anuales.
La “reforma del Estado” también se aplicará en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca donde la estructura proyectada entre cargos, funciones de alta especialización y presupuestaciones costará alrededor de los US$ 70 millones anuales. Será poco más de medio millón que en la vigente.
En relación al Ministerio de Turismo se prevé una plantilla de 176 funcionarios. El costo estimado será de poco más de US$ 5,5 millones anuales, cifra que se asemeja al gasto actual.
En el Ministerio de Educación y Cultura esta primera etapa de la reforma comprenderá al Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan), donde se definirán, según lo proyectado, 219 cargos. La estructura proyectada tendrá un costo de US$ 5,6 millones anuales, elevando en unos US$ 500 mil más el gasto. También se incluye la supresión de 25 vacantes, que supondrán unos US$ 135 mil anuales.
En el extenso informe está incluido el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que propone realizar pequeños cambios. Tendrá unos 350 cargos, más presupuestaciones a un costo proyectado que será de US$ 10,6 millones anuales, unos US$ 700 mil menos que el financiamiento actual. En esa secretaría de Estado serán suprimidas 95 vacantes, lo que implicará casi US$ 2 millones al año.
El último ministerio que aplicará modificaciones en su estructura será el de Ambiente que pasará a estar integrado por 329 cargos. Su costo proyectado será de US$ 11,5 millones anuales.
Para financiar la estructura actual de la secretaría más nueva del gobierno se precisa hoy una cifra similar. Además, en la cartera que dirige Robert Bouvier la reforma proyecta la eliminación de 43 cargos vacantes, lo que representará un total de unos US$ 900 mil anuales.
Tres categorías, 22 niveles salariales y 115 ocupaciones
La “reforma del Estado” abarca 115 ocupaciones que implicarán un nuevo sistema de carrera para los funcionarios públicos. Cada ocupación estará asociada a una escala retributiva de 22 niveles, que iría hoy de los $ 30 mil hasta los $ 126 mil. La estructura de escalafones, ocupaciones y cargos se basará en tres categorías: Profesional y Técnico, Administrativo y Especializado, y Servicios Generales. El costo total de su aplicación fue calculado en $ 520 millones. Esta primera fase había sido anunciada a principios de setiembre en el Parlamento por Conrado Ramos, el director de Servicio Civil y su gran impulsor.
La reestructura había sido pautada en la ley de Presupuesto aprobada a fines de 2020, con algunas pequeñas modificaciones a partir de la Rendición de Cuentas votada el año pasado. Allí se habilitó a que el cronograma no abarcara incisos enteros sino que, eventualmente, pudiera comenzar por oficinas y reparticiones específicas.
Más allá de la discusión que ahora se dará en el Poder Ejecutivo, su implementación práctica será aplicada a partir del próximo período de gobierno. A fines de junio en entrevista con El País, Ramos había señalado que esta reforma no fue una prioridad para esta administración. Reconoció además que existe el riesgo de que la próxima gestión no la tome en cuenta y que los cambios propuestos terminen en “letra muerta”.
Plazo límite y probable aprobación automática
El proyecto ingresó a la Asamblea General, prácticamente inadvertido, el 7 de setiembre. La ley prevé que la Comisión de Presupuesto y Hacienda bicameral deba analizarlo en un plazo de 45 días. Según aseguró el diputado Gustavo Olmos (FA), esa comisión no se reunió hasta ahora y la coalición de gobierno sigue sin confirmar una citación. Olmos recordó que el plazo vence el 23 de octubre. En esa fecha, pase lo que pase a nivel legislativo, la reestructura quedará automáticamente aprobada.
